El Justicia Mayor del Reino de Aragón, Juan de Lanuza el Mozo, es ejecutado en la zaragozana plaza del Mercado un poco antes del mediodía del 20 de Diciembre de 1591. 

¿pero qué pasó después? ¿cuál fue la represión real?            

Ese 20 de Diciembre, la capital del país, Zaragoza, aparecía desierta, la gente, presa del miedo y del desconcierto, se encerró en sus casas, las tiendas no abrieron al público, todo se mostraba tenebroso: habían prendido al Justicia de Aragón y el pueblo llano sabía que eso era algo jamás hecho. Años después un erudito escribía: “En la muerte del Justicia estaba la de todos nosotros, y con ella habían llegado los fines de los siglos”.            

Este tremendo impacto psicológico fue sólo el comienzo de una feroz represión ejercida por el soberano Felipe II sobre el país vencido. Los nobles que encabezaron la rebelión (el duque de Villahermosa y el conde de Aranda) fueron detenidos y deportados a Castilla: un año después, morían ambos, en sospechosas circunstancias, cada uno en su prisión respectiva, justo cuando Felipe II se dirigía a las fatídicas Cortes de Tarazona. El gobernador (especie de subalterno del virrey) ordenó agarrotar a seis labradores, acusados de la agresión que unos meses antes había costado la muerte al virrey castellano en Aragón (marqués de Almenara), evidentemente actuaron otra vez al margen de los fueros y constituciones aragonesas. Así mismo los agentes de la Inquisición procedían a detener a un abultado número de personas: como siempre sucede, aparecieron los típicos delatores, traidores del país.             

El 17 de Enero de 1592 Felipe II concedía el perdón real a los aragoneses exceptuando a una larga lista de inculpados: los agentes de los disturbios en Teruel y Albarracín, los procesados por la Inquisición, los religiosos participantes en la revuelta, los expertos en Derecho que hubieran emitido dictámenes contrarios a la voluntad del rey, los capitanes de la tropa que había luchado en Epila y 125 personas más relacionadas con los hechos.            

En Octubre de 1592 Zaragoza vivió un sangriento espectáculo de terror: 44 ejecuciones, 65 condenas a azotes, galeras, destierro y multas; un auto secreto contra el juez principal de la ciudad; además de numerosas sentencias secretas contra religiosos y caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén (todos inculpados). En total la Inquisición encausó a 398 personas: detrás de la justicia inquisitorial aparecía el aparato terrorista de la Monarquía, la insuperable prepotencia del mal llamado rey prudente.            

Pero todo no acabó aquí. El Reino de Aragón fue obligado a pagar, como multa por los hechos, la extraordinaria cifra de 700.000 libras jaquesas (con ella se podía costear el tren de Alta Velocidad de Sevilla a Barcelona: imagínense), con el endeudamiento que supuso para el país, que ya no recuperó su economía hasta bien entrado el siglo XVIII, ya que fue un siglo muy malo para el campo (la “pequeña era glacial” que sacudió a la Europa del XVII). La militarización castellana, con el pretexto de controlar la frontera con Francia, fue abusiva: construcción de la ciudadela de Jaca, por ejemplo; además aumentó el control sobre la población aragonesa con pequeñas partidas de soldados por todo el país. La Guardia del Reino (la última policía aragonesa) pasó a manos del aparato real.            

Como siempre la Historia está para ser recordada y/o enseñada. 416 años después no podemos olvidar aquel sangriento “terrorismo de Estado”, entonces un Estado absolutista, hoy reactualizado en el Gobierno Español del PSOE: la colonización de Aragón es un hecho histórico que comenzó a fraguarse con la pérdida de nuestros fueros, constituciones y libertades.

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