Podríamos usar palabras más suaves, menos belicosas, pero no me da la gana. Con sinceridad, Marcelino Iglesias es un genocida lingüístico, lleva ocho años prometiendo una protección legislativa que todavía no ha llegado. Dicen que la culpa es del PAR. Quizá a partes iguales, ya que la responsabilidad es siempre del que gobierna.
El aragonés se muere, a cada día, a cada hora. Lentamente. Necesita protección urgente ya. El presidente ha vuelto a prometer, en su primer año de legislatura, “una ley de derechos, no de obligaciones. No generará ninguna obligación pero sí reconocerá derechos”. Un paso atrás en la eterna mentira. Ya no hay máximos, continuamos con las restricciones. Es curioso, pero toda esta parafernalia, política, social, mediática, insiste siempre en el valor de la imposición. Cuando la única obligación es su lengua, cultura e identidad. Hace un par de meses el vicedirector de la Real Academia (Colonial) Española afirmaba que hay comunidades autónomas que “han inventado regímenes dictatoriales de inmersión lingüística” (El Periódico de Aragón, 29.05.07). Hablan de avasallamiento y discriminación. Hipócritas coloniales.

Menos mal que el artículo 7.2 del Estatuto aragonés dice que el uso de las lenguas propias se “favorecerá en las zonas de utilización predominante en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas”. Pero si tal y como plantean los socialistas, el conocimiento de catalán no dará puntos en las oposiciones en zonas catalanoparlantes, ¿qué quiere decir esto? ¿qué no habra competencia lingüística para acceder a un puesto de funcionario lingüístico? ¿o que vamos a jugar a que no hacemos nada?

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